Declaration of solidarity against the excessive use of firearms and police abuse in Colombia (Spanish/English)

Solidaritätserklärung gegen den exzessiven Gebrauch von Schusswaffen und gegen die Misshandlungen durch die Polizei in Kolumbien (Spanisch/Englisch)

Organizaciones firmantes

(For English please click here)

Bogotá /Bruselas 21 de septiembre de 2020.

El Espacio de Cooperación para la Paz, la Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia y las organizaciones internacionales de la sociedad civil que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la muerte del ciudadano Javier Ordóñez ocurrida la madrugada del 9 de septiembre de 20201 a consecuencia, presuntamente, de los golpes en la cabeza propinados por miembros de la policía nacional durante su detención y por el abuso policial y el uso desmedido de armas de fuego durante las protestas que se dieron en reacción a este grave hecho. Estas protestas dejan como saldo trágico, según el reporte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet 2, 13 personas muertas en Soacha y Bogotá y, según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá3, más de 400 heridas, 72 de ellas con arma de fuego. Las organizaciones firmantes rechazan de manera especial los tres casos de abuso y acoso sexual, violencia verbal, detención arbitraria y soborno, denunciados por la ONG Temblores, del que fueron víctimas 3 mujeres, en un CAI de la ciudad de Bogotá.4

También nos preocupa la amenaza que circula en redes sociales en la cual las Águilas Negras bloque capital declaran “objetivo militar inmediato” a organizaciones sociales de derechos humanos, mesas de víctimas y plataformas. El Estado y gobierno colombianos deben proteger la vida y trabajo de las personas que defienden la paz y los derechos humanos y brindar las garantías suficientes al legítimo derecho a la reunión y manifestación pública consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia como una modalidad de participación ciudadana fundamental en un país en transición hacia la paz. La respuesta violenta a la protesta, también tiene antecedentes. En el marco del Paro Nacional al final de 2019, según el informe anual de la OACNUDH, 1.662 personas fueron privadas de la libertad, por lo menos 36 manifestantes y 4 policías tuvieron que ser hospitalizados por las lesiones sufridas y se reportaron actos que pueden constituir malos tratos o tortura como desnudez forzada, repetidas golpizas, amenazas de muerte con matices racistas.5

El joven Dilan Cruz perdió la vida, el 26 de noviembre de 2019, a consecuencia de un disparo en la cabeza a corta distancia con un rifle con munición “artesanal” llamada “recalzada” o “bean bag” por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los avances que se conocen, en términos de justicia son muy pocos, su caso ha sido trasladado a la justicia penal militar, a pesar del rechazo, al respecto, expresado por la Oficina de la ACNUDH en Colombia.6

La Policía nacional ha informado que al 6 de julio de 2020 se han abierto 3.674 investigaciones internas, 1.474 de ellas por presunto abuso policial (773 casos de presunto abuso de autoridad, 456 de agresión física, 153 lesiones personales y 92 casos por agresión verbal). Según la organización de derechos humanos CAJAR, existe un subregistro de los casos7.

 

Como organizaciones internacionales de la Sociedad civil solicitamos a la Comunidad Internacional

• Expresar de manera clara y contundente su rechazo a la represión y la violencia desmedida en el contexto de la manifestación social pacífica en Colombia y el deterioro de la situación de violencia en general en el país en los últimos meses.

• Exhortar al gobierno colombiano a brindar las garantías suficientes para la participación política de la ciudadanía colombiana como parte del proceso de transición de Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep en el 2016.

• A los países acompañantes del proceso de paz y la implementación del Acuerdo Final, instar al gobierno colombiano a implementar las medidas contempladas en el mismo para garantizar la movilización y la protesta pacífica, así como los protocolos sobre uso de la fuerza parte de la Fuerza Pública, crear nuevos instrumentos de ser necesario y garantizar que los casos de violanciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sean investigados y juzgados por la jurisdicción civil y no la militar.

• Hacer un ejercicio de monitoreo a las investigaciones de los casos de abusos policiales, recientes y pasados, en el marco de las protestas para evitar que las graves violaciones de derechos humanos queden en impunidad. En particular, acompañar a la Comisión Ciudadana Nacional e Internacional que han anunciado las Plataformas colombianas de derechos humanos para investigar los hechos ocurridos.

• Activar todos los instrumentos de protección a su disposición para que se documenten estos graves hechos y se tomen las acciones por parte de las autoridades pertinentes, para lo cual sería muy importante solicitar al gobierno colombiano la invitación inmediata a los Relatores Especiales sobre la Libertad de asociación y protesta pacífica, Ejecuciones extrajudiciales, Tortura y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de Naciones Unidas

• Intensificar el apoyo a procesos de profundización y consolidación de una cultura ciudadana activa que está informada, exige rendición de cuentas de la institucionalidad y gestiona, desde su responsabilidad, los conflictos, para detener la polarización, desde la garantía de derechos y los marcos legales, ofreciendo soluciones pacíficas y dialogales que sigan alimentando y protegiendo, así como acelerando con mayor fuerza y determinación, la consolidación de la paz justa y duradera.

• A la Unión Europea y sus Estados miembros, Reino Unido, Suiza y Noruega. Abordar, en el marco del diálogo permanente con Colombia, así como en el diálogo de derechos humanos, los casos sobre violaciones al derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica, expresar su rechazo a los hechos violentos de represión y los abusos por parte de la policía, así como a las declaraciones estigmatizadoras que pueden poner en entredicho el derecho a la libre manifestación y acompañar al Gobierno colombiano en un proceso de reforma de la policía siguiendo los estándares y recomendaciones internacionales como garantía de no repetición.

Como Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil respaldamos la conformación de la Comisión Ciudadana Nacional e Internacional anunciada por las Plataformas colombianas de derechos humanos para levantar un informe que permita esclarecer los hechos ocurridos la noche del 9 de septiembre y los días y noches subsiguientes pues el respeto a la vida, la integridad física, psicológica y las libertades civiles y políticas de los y las ciudadanas manifestantes, así como la aplicación de todas las normas de derechos humanos es un imperativo ético que permitirá, como lo afirma la representante en Colombia de ONU DDHH, Juliette de Rivero, mayores avances en la democracia y el Estado social y democrático de derecho de Colombia.

Informes:
Espacio de Cooperación para la Paz ECP: Cooppaz2016@gmail.com

Oficina Internacional de derechos humanos Accion Colombia Oidhaco:
Jorge Gómez, Coordinador oidhaco@oidhaco.org, tel. +32 2 5361913

 

Comunicado completo en Español aquí

 

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International civil society organisations reject the excessive use of firearms and police abuse in the city of Bogotá has tragically resulted in the death of 13 people, 400 injuries, 72 of them with firearms, and 3 women sexually harassed
Bogotá
 

Bogotá /Brussels September 21 2020.

The Cooperation Space for Peace, the International Office for Human Rights - Action Colombia, and the civil society international organisations that have signed this statement, would like to express serious concerns about the killing of Colombian citizen Javier Ordóñez during his arrest, on the early morning of September 9, 20201. Mr. Ordóñez allegedly died after receiving blows to the head inflicted by members of the national police force. We would also like to express serious concerns about police abuses and the excessive use of firearms during protests that took place in reaction to this serious incident. According to a report from Michelle Bachelet, the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)2, 13 people in Soacha and Bogotá were killed during these protests and, according to figures from the Mayor's Office of Bogotá3, more than 400 people were injured, 72 of them due to firearms. In particular, we would like to highlight three cases in which three women were victims of sexual abuse and harassment, verbal abuse, arbitrary detention and bribery, reported by Colombian NGO Temblores to have been committed in a police station or CAI in the city of Bogotá4.

We are also concerned about a threat circulating on social media in which the paramilitary group Águilas Negras bloque capital have declared human rights organisations, the victims’ movement and human rights coordination groups to be “immediate military targets”. The Colombian State and government must protect the life and work of people who defend peace and human rights and provide sufficient guarantees for the legitimate right to assembly and public demonstration enshrined in article 37 of Colombia’s Political Constitution. These are fundamental processes for citizen participation, in a country in transition towards peace.

This is not the first time that violence has been used in response to civil protests. According to the UNHCHR annual report, during the National Strike in Colombia at the end of 2019, 1,662 people were deprived of liberty, at least 36 protesters and 4 policemen were hospitalised due to injuries and actions were perpetrated that could constitute ill-treatment or torture, including forced nudity, repeated beatings, and death threats with racist overtones5.

One young man named Dilan Cruz lost his life, on November 26, 2019, as a result of being shot in the head at close range by the Mobile Anti-Riot Squad with “homemade” or “bean bag” ammunition. There has been little progress towards justice, and the case has been transferred to the military criminal justice system, despite objections by the OHCHR Office in Colombia6.

The National Police have reported that as of July 6, 2020, 3,674 internal investigations have been opened, including 1,474 into alleged police abuses (773 cases of alleged abuse of authority, 456 cases of physical assault, 153 cases of personal injury and 92 cases of verbal assault). According to the human rights organisation CAJAR, these cases are underreported7.

 

International civil society organisations call upon the international community to:

• Express clearly and forcefully its rejection of the use of repression and excessive violence during peaceful social demonstrations in Colombia and the deterioration of the situation of violence in general in the country in recent months.

• Urge the Colombian government to provide sufficient guarantees for the political participation of Colombian citizens as part of the transition process in Colombia after the signing of the Peace Agreement with the FARC-EP in 2016.

• We ask that the countries accompanying the peace process and the implementation of the Final Agreement, urge the Colombian government to implement the measures established therein to guarantee mobilisation and peaceful protest, as well as the protocols on the use of force by the state security forces create new instruments if it is necessary and guarantee that cases of human rights violations in the framework of the protests are investigated and tried by the civil jurisdiction and not the military one.

• Monitor investigations into recent and past cases of police abuses during protests to prevent serious human rights violations from going unpunished. In particular, accompany the National and International Citizen’s Commission announced by Colombian Human Rights Coordination Groups to investigate the events that occurred.

• Urge the Colombian government to activate all the protection instruments at its disposal so that these serious events are documented and actions taken by the relevant authorities. It is also important to request that the Colombian government issue an urgent invitation to the Special Rapporteurs on freedom of association and peaceful protest, extrajudicial executions and torture, and to the United Nations Working Group on Arbitrary Detentions

• Increase support for processes that nurture and consolidate an active and informed citizen’s culture, which can demand accountability from institutions and appropriately manage conflicts where possible. This, along with guarantees for rights and legal frameworks, would prevent polarisation, offer peaceful and dialogical solutions to nurture and protect society, as well as accelerate with greater strength and determination, the consolidation of a true and lasting peace.

• We ask that the European Union and its member states, the United Kingdom, Switzerland and Norway, as part of their permanent dialogue and human rights dialogue with Colombia, address cases of violations of the right to free demonstration and peaceful protest, expressing their rejection of the violent acts of police repression and abuses. We also ask that they question stigmatising statements that call into question the right to freedom of assembly and accompany the Colombian Government in a process of police reform following international standards and recommendations as a guarantee for non-repetition.


As International Civil Society Organisations, we support the idea of the National and International Citizen’s Commission as called for by Colombian Human Rights Coordination Groups to draw up a report that enables clarification of the events that occurred on the night of September 9 and the subsequent days and nights. In this respect, Juliette de Rivero, representative in Colombia of the UN High Commissioner for Human Rights, has noted that respect for the life, physical and psychological integrity and civil and political liberties of the protesting citizens, as well as the application of human rights standards, are ethical imperatives that will enable greater advances in democracy and the social and democratic Rule of Law in Colombia.


Further information
Cooperation Space for Peace (Espacio de Cooperación para la Paz – ECP)
Cooppaz2016@gmail.com

International Office for Human Rights - Action Colombia OIDHACO:
Jorge Gómez, OIDHACO Coordinator, oidhaco@oidhaco.org, tel. +32 2 5361913


Full Statement in English here

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